Tierney - stock.adobe.com
Innovaciones en legislación peruana ayudan a reducir brecha digital
La creación de la figura OIMR ha permitido la operación de una docena de operadores en zonas de interés social. El caso más emblemático es el de Internet para Todos (IPT), iniciativa que, en seis años, ha conectado a 3,8 millones de personas en más de 19 mil localidades rurales. Pero existen nuevas disposiciones que desincentivan la inversión.
A principios del siglo, menos del 1 % de los pobladores de zonas rurales del Perú tenían acceso a internet. Según las cifras oficiales, para el cierre del 2024, un 55 % de la población total tenía acceso a internet, y 83 % de los hogares en zonas rurales estaban conectados. El cambio empezó de a pocos, en 2012, pero el gran salto se dio tras la pandemia: se pasó del 41 % de hogares rurales con internet en 2019 al 76,6 % para 2022. Y sigue creciendo: hoy solo alrededor de tres millones de peruanos no tienen internet fijo o móvil; los otros 30 millones están conectados.
Uno de los factores determinantes para la expansión fue la creación legal de las figuras del Operador Móvil Virtual (OMV) y el Operador de Infraestructura Móvil Rural (OIMR) al publicarse la Ley 30083, en el 2013. Los primeros son empresas que alquilan la red de otro operador para dar el servicio, mientras los OIMR, en cambio, ofrecen infraestructura en zonas alejadas para que otros puedan llevar el servicio.
Manuel Cipriano
Según Manuel Cipriano, expresidente encargado del Osiptel, la función de los OIMR está orientada al rol social y consiste en brindar facilidades de acceso y transporte de datos en áreas rurales y/o lugares de preferente interés social donde los operadores tradicionales no cuentan con infraestructura propia. A través de acuerdos entre ellos, se aprovechan las sinergias para permitir la conectividad de más peruanos. A la fecha ya hay registrados 12 OIMR y 11 OMV.
“Un caso emblemático en el tema de políticas de reducción de la brecha digital es el de Internet para Todos (IPT), iniciativa íntegramente privada que, bajo la figura de OIMR, ha permitido llevar la conectividad con internet a 3,8 millones de personas en más de 19 mil localidades rurales en todo el Perú, a través de más de 2.700 estaciones 4G”, comentó Cipriano.
De hecho, según el estudio “The Impact of Internet para Todos (IPT) in Providing Connectivity in Peru”, elaborado por expertos de la Universidad Pontificia Comillas (España) y Columbia University (Estados Unidos), el proyecto redujo brechas estructurales en zonas rurales y ha sido un motor clave para el desarrollo económico y la inclusión digital. La iniciativa, ideada en 2018 y puesta en marcha en 2020 en Perú, es un referente de reducción de brecha digital que puede replicarse en otros países de la región que gocen de las mismas flexibilidades regulatorias, aseguró Raúl Katz, uno de los autores del estudio, en su reciente presentación en Lima.
El citado estudio muestra que IPT ha tenido un impacto positivo en la reducción de la brecha digital según múltiples métricas:
- ha generado un alza de 11,6 % en el uso de internet en el periodo analizado (2018-2022), así como
- un incremento de 1,5 % en los hogares que tienen un móvil
- y de 9,7 % en hogares con computadora.
El impacto fue mayor en las poblaciones con menores recursos económicos, con menor conectividad o ubicadas en zonas geográficas de más complejo acceso.
IPT tiene un modelo innovador basado en infraestructura tecnológica interoperable. Está compuesta por:
- Integratel Perú (antes Telefónica del Perú), que tiene un 54 % de participación con 3.130 estaciones base construidas;
- Meta (21 %), que aporta tecnología como Open RAN; y
- el financiamiento de CAF e IDB Invest (12,5 % cada uno).
Ellos comparten infraestructura, el Gobierno facilita el espectro, los permisos o usos de terrenos, y el resto de los operadores móviles brindan el servicio, explicó Katz. “Este esquema permite optimizar inversiones, reducir costos y acelerar la expansión de redes neurales”, remarcó Aldo Martín Prieto Barrera, ministro de Transportes y Comunicaciones.
Los otros pilares
Manuel Cipriano, abogado experto en regulación de Telecomunicaciones, comentó que la reducción de la brecha también ha sido posible por una evolución de los mecanismos empleados para lograrlo. Tras usar solo un “fondo universal”, compuesto por el aporte del 1 % de los ingresos de los operadores al Estado –para que sea este quien ejecute los proyectos–, se pasó a “modelos más ágiles y eficaces, como el compromiso u obligación de cobertura estipulados en los mismos contratos de concesión, que consistía en que, cada vez que un operador obtenía una concesión o una porción de espectro radioeléctrico, se obligaba a atender un número definido de nuevas localidades rurales”, comentó.
A este esquema, dijo, se sumó la implementación del canon por cobertura (CxC), una modalidad que permite utilizar un porcentaje del pago del canon por uso del espectro al MTC a cambio de compromisos de cobertura en zonas rurales y de interés social. “Este último esquema ha venido siendo muy exitoso, tal es así que se ha ampliado a utilizar otro de los pagos al MTC que es la tasa, estando pendiente la reglamentación”, añadió.
Al respecto, el MTC informó que, en 2024, se cumplió con conectar a 67,6 mil habitantes de 425 localidades rurales gracias al canon por cobertura, sumando en total –desde su implementación en 2018– más de 1.090 localidades y 212 mil habitantes beneficiados.
Con los OIMR, en el 2025, se han superado las 4.000 estaciones base de celular 4G que brindan servicios en distritos predominantemente rurales, conectando a 264 localidades rurales y geográficamente aisladas. A eso se sumarán, en abril del 2026, 412 nuevas localidades en 22 departamentos como cumplimiento de las obligaciones asumidas por los operadores móviles al recibir espectro para 5G.
Nuevos desafíos regulatorios
El pasado 16 de marzo de 2026, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) inició un proceso de consulta temprana sobre la modificación de las normas complementarias de los OIMR. Según Cipriano, es muy oportuna su revisión porque estas normas datan del 2017: en casi una década, la evolución ha sido compleja y requiere fortalecerse. “Se necesitan precisiones claras sobre los derechos y obligaciones de los OIMR, así como una regulación más puntual sobre los cargos por uso de infraestructura y los procedimientos de negociación, entre otros”, comentó.
Las preocupaciones para el sector vendrían por otras normas que afectan la capacidad de inversión. Desde la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) han denunciado que, con el Decreto Legislativo 1718, publicado en febrero, se desincentivan las inversiones necesarias para desplegar infraestructura en zonas rurales y de difícil acceso. Según la norma, una empresa operadora que impugne una sanción del regulador deberá presentar una carta fianza por un monto equivalente al de la multa impuesta antes de llevar el caso ante el Poder Judicial.
Eso se suma a la “hiperinflación sancionatoria” del sector: al cierre de 2024, las sanciones ya representaban más del 11 % de las inversiones del sector y las multas impuestas se han multiplicado por seis entre 2021 y 2025, promediando de S/ 150 millones anuales (US$ 517 millones).
En ese contexto, explicó Cipriano, la medida limitaría los derechos de defensa y a la tutela jurisdiccional porque incorpora un requisito que no está previsto en otros casos o en la Constitución, además de vulnerar el derecho al debido proceso. “Aquí el problema se origina realmente por la demora y las falencias del sistema judicial en el país, en cuyo ámbito los casos se resuelven después de muchos años de haberse presentado la impugnación”, dijo, tras recomendar una evolución hacia una regulación inteligente que sustituya el castigo por el cumplimiento efectivo y la expansión de los servicios.
Entre las medidas positivas más recientes está el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1599 (Decreto Supremo N° 005-2025-MTC), que regula la figura del Sandbox Regulatorio con el propósito de promover la innovación tecnológica y la reducción de la brecha de infraestructura y de acceso a los servicios. Es un gran avance porque permite a las empresas poner a prueba ideas o tecnologías novedosas bajo reglas más flexibles. Sin embargo, Cipriano expresó que, en su opinión, “los trámites actuales que exige la norma para acceder al sandbox son demasiado burocráticos”. Se necesita mejorar y simplificar los procedimientos para no perder oportunidades por trámites innecesarios, anotó.
A puertas de la entrada de un nuevo gobierno vía elecciones, Cipriano consideró que, en primer lugar, se requiere que en los próximos años se respete de forma irrestricta la autonomía e independencia técnica de los reguladores, logrando una autonomía similar a la que tenemos con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). “Solamente con un regulador libre de injerencias políticas se puede emitir normas basadas en análisis técnicos rigurosos”, dijo.
Y concluyó señalando que, “sobre esta base, es urgente definir una visión país y objetivos para las telecomunicaciones. El marco normativo actual fue diseñado para una realidad que ya no existe. Hoy convivimos en un ecosistema con la IA, el streaming y una economía digital que exige reglas nuevas. Por esta razón, necesitamos un marco que no solo promueva la inversión, sino que defina con claridad los roles de los sectores público y privado, pasando de una protección pasiva del usuario a un verdadero empoderamiento digital”.
