La Red Dorsal peruana en vías de reestructuración

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Se desploma el castillo de naipes

La crisis del modelo elegido saltó desde 2016, y se agudizó con el paso de los años, al punto que, en 2019, Azteca ya hablaba de retirarse del país. Hasta 2021, era evidente que la RDNFO estaba subutilizada, por diversos factores. Un problema es que la tarifa de la Red Dorsal era más cara que la de otras opciones privadas, y no podía cambiarse hasta pasados cinco años. Eso restaba competitividad a la empresa del grupo Salinas frente a otros jugadores privados que ya tenían redes propias en zonas rentables, y que subarrendaban a operadores regionales más pequeños. Ellos cobraban menos por volumen, algo que no podía hacerse en la RDNFO.

El contrato APP impedía la flexibilidad necesaria para reajustar precios o variar el modelo. Lamentablemente, se sobreestimó la demanda y se subvaloró la evolución del mercado. Diversos estudios indicaron que la red operó entre el 3 % y el 10 % de su capacidad, como máximo, y eso costó más de US$111 millones extra en solo un par de años. Con el paso del tiempo, en lugar de ganar clientes, la red los iba perdiendo y no llegaba a la meta comercial prevista. La idea original era que el Estado cubriera una parte del mantenimiento, y el resto fuera cubierto por los clientes privados que consiguieran, pero el negocio no despegó. No existía el consumo estatal porque las redes regionales estaban retrasadas y los privados tenían su propia oferta, más económica. Los expertos no dudaron en considerarlo un costoso elefante gris.

“El proyecto nació desfasado, porque fue pensado para atender una falta de infraestructura de otra época y se complicó con un modelo de contrato rígido que necesita ser cambiado para poder ser viable sin afectar el equilibrio del libre mercado”, declaró Manuel Cipriano, ex director de Osiptel, al diario El Comercio en aquella época. Por eso, no es extraño que, para el 2021, el MTC declarara de forma unilateral la caducidad de la concesión por interés público, cerrando el ciclo de Azteca, quien posteriormente inició un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI).

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