ReData y centros de datos en Brasil: 969 millones de dólares en incentivos frente al impacto ESG

Las matemáticas de los incentivos fiscales

La Medida Provisional 1.318/2025 reduce la tasa impositiva efectiva del 52 % a aproximadamente el 18 % al suspender impuestos como el PIS (Programa de Integração Social), la Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), el IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) y los aranceles de importación sobre los equipos utilizados en las operaciones de los centros de datos.

Para las operaciones que importan servidores, sistemas de almacenamiento, infraestructura de red y equipos de refrigeración, los ahorros podrían representar una reducción de hasta 34 puntos porcentuales en la carga impositiva sobre las adquisiciones de activos. Los beneficios fiscales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, período durante el cual el gobierno espera movilizar R$5.200 millones (unos 969 millones de dólares) en incentivos financieros.

La Asociación Brasileña de Centros de Datos (ABDC) proyecta que esta oportunidad podría casi cuadruplicar la capacidad de procesamiento de Brasil, de los 800 megavatios actuales a tres gigavatios. Para contextualizar, Latinoamérica cuenta actualmente con 1,5 gigavatios de capacidad instalada. El gobierno federal trabaja para atraer R$2 billones en inversiones en 10 años, posicionando a Brasil como una alternativa competitiva a Estados Unidos y Europa para las empresas tecnológicas que buscan expansión internacional.

Las multinacionales ya han anunciado sus movimientos: Equinix construyó una nueva planta en São Paulo con una inversión de US$110 millones, Amazon Web Services (AWS) anunció US$1.800 millones hasta 2034, y Google Cloud ha introducido procesadores TPU (unidades de procesamiento tensorial) para centros de datos brasileños en septiembre de 2025.

Sin embargo, el atractivo fiscal tiene contrapartes técnicas específicas que no son fáciles de implementar.

Los homólogos medioambientales elevan el listón técnico

A cambio de los beneficios fiscales, las empresas elegibles para ReData deben cumplir cuatro criterios técnicos obligatorios:

• el 100% de la energía debe proceder de fuentes limpias o renovables;
• el Índice de Eficiencia del Agua (WUE, por sus siglas en inglés) debe ser igual o inferior a 0,05 litros por kilovatio-hora medido anualmente;
• aplicar el 2 % de las inversiones en proyectos de investigación y desarrollo en Brasil; y
• reservar el 10 % de la capacidad de procesamiento para universidades y empresas nacionales.

El 1 de octubre, el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC) de Brasil abrió una consulta pública, válida hasta el 26 de octubre, para definir la lista detallada de equipos elegibles. El plazo de tramitación de la medida provisional (MP) añade urgencia, pues es válida hasta el 16 de noviembre de 2025 –con posibilidad de prórroga por 60 días más–, y se convertirá en urgente si no es considerada por el Congreso antes del 2 de noviembre, suspendiendo así la tramitación de todas las demás deliberaciones legislativas. Eso significa que las empresas que planean iniciar proyectos en 2025 para aprovechar los beneficios en 2026 tienen un plazo de planificación limitado.

El requisito de WUE de 0,05 L/kWh merece especial atención, ya que representa un estándar 650 veces más eficiente que los sistemas de refrigeración evaporativa tradicionales, según explicó Igor Marchesini, asesor especial del Ministerio de Hacienda, durante un evento de Brasscom en junio. Solo los sistemas de refrigeración de circuito cerrado alcanzan este nivel, y esta tecnología requiere una inversión inicial significativamente mayor que los sistemas de torres de refrigeración convencionales. La ventaja regulatoria es que los centros de datos que consumen menos de un litro de agua por segundo están exentos del proceso de licencia de la Agencia Nacional del Agua (ANA), lo que agiliza las aprobaciones ambientales.

Esta convergencia entre incentivos fiscales y altas barreras técnicas define la estrategia del gobierno: atraer sólo operaciones altamente eficientes que puedan clasificarse como “centros de datos verdes”, a diferencia de otras regiones que operan con una matriz energética basada en combustibles fósiles.

Futurecom 2025 expuso divergencias sectoriales

Las discusiones celebradas el 30 de septiembre en el evento B2B Futurecom 2025 revelaron que no todas las partes interesadas ven a ReData de la misma manera. De acuerdo con el portal TI Inside, Affonso Nina, presidente de Brasscom, confirmó la participación de la organización en el desarrollo de la medida a lo largo de dos años: “Brasscom lleva más de dos años involucrada, y hace aproximadamente un año entregamos un documento con nuestros asociados. Es importante destacar que era un trabajo en curso”. Nina abogó por una gestión técnica e imparcial del programa, destacando que la reducción del Impuesto sobre Operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y Prestación de servicios (ICMS) amplía aún más los beneficios fiscales totales.

El mismo artículo señala que Marcos Siqueira, CRO de Ascenty –empresa de centros de datos con 38 instalaciones en Latinoamérica–, se mostró optimista pues, para una empresa cuyos ingresos se basan en operaciones de infraestructura, la reducción de los costos de adquisición de equipos impacta directamente en los márgenes operativos. En contraparte, Thiago Camargo Lopes, vicepresidente de InvestSP, fue crítico al advertir sobre la competencia por recursos escasos: "No es solo un problema aquí. Con la posibilidad de un centro de datos en una ZPE, competirá por energía con otras actividades que también podrían realizarse allí". La referencia se refiere a las Zonas Francas de Exportación, donde São Paulo fue pionero instalando un régimen fiscal diferenciado.

Rodolfo Fücher, presidente de la Asociación Brasileña de Empresas de Software (ABES), quien vinculó la descentralización geográfica con la capacidad energética: “el centro de datos se ha convertido en una infraestructura fundamental para aumentar la competitividad”. La afirmación refleja la preocupación del sector nacional del software por la concentración de la capacidad de procesamiento en unos pocos estados; actualmente, São Paulo y Río de Janeiro concentran el 70 % de los centros de datos de Brasil. Además, Juliano Stanzani, director de política sectorial del Ministerio de Comunicaciones, dijo que la preocupación del gobierno va más allá de los incentivos fiscales: “Una política nacional de centros de datos debe abordar varios aspectos más allá de la necesidad, aparentemente obvia, de un tratamiento fiscal diferenciado”.

Este debate público pone de relieve la tensión entre la urgencia de aprobar la MP y la complejidad de crear una política nacional de centros de datos que equilibre múltiples intereses: fiscal, medioambiental, industrial, regional y de soberanía digital.

Brechas regulatorias y riesgos de cumplimiento

El 26 de septiembre, el gobierno federal abrió una consulta pública para la regulación de ReData, con la participación del Ministerio de Medio Ambiente, en la que se discutieron criterios e indicadores para el desarrollo sostenible del sector. Se pueden presentar propuestas hasta el 26 de octubre, a través de la plataforma Brasil Participativo. La solicitud de subvención busca recaudar contribuciones sobre criterios adicionales no previstos en el MP: PUE (Power Usage Effectiveness) igual o menor a 1,5 y neutralidad de carbono en los Alcances 1 y 2.

El secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, afirmó, según el portal UOL, que los centros de datos en Brasil deberían ser reconocidos como "centros de datos verdes", a diferencia de los de otros países que utilizan combustibles fósiles. Sin embargo, UOL también refirió que el Instituto de Defensa del Consumidor (Idec) emitió una nota crítica señalando que el MP carece de definiciones claras de términos como "energía limpia" o "eficiencia hídrica", además de la ausencia de normas sobre extracción de minerales, eliminación de residuos electrónicos y responsabilidad del ciclo de vida de equipos como procesadores (GPU), baterías y servidores.

Al anunciar la medida provisional, el gobierno afirmó que los criterios de sostenibilidad se definirán reglamentariamente en los próximos meses. Esta falta de claridad genera un riesgo operativo significativo, ya que las empresas que inicien proyectos en 2025 para obtener beneficios fiscales en 2026 podrían descubrir, meses después, que los parámetros definitivos de PUE, neutralidad de carbono o gestión de residuos requieren costosas adaptaciones a la infraestructura existente. La ventana de oportunidad fiscal está abierta hasta diciembre de 2026, pero los requisitos técnicos definitivos permanecerán indefinidos hasta que finalicen las consultas públicas.

Para los CIO y gerentes de TI, la decisión de acelerar los proyectos de expansión de la capacidad de procesamiento mediante ReData requiere evaluar no solo el atractivo de los R$5.200 millones en incentivos, sino también la capacidad organizacional para adaptar la infraestructura digital a los criterios de sostenibilidad que se establecerán en los próximos meses. La convergencia entre la economía digital y la responsabilidad ambiental define ahora el posicionamiento estratégico de las empresas en el mercado brasileño de centros de datos, y esta convergencia se está desarrollando en tiempo real, con reglas aún no completamente definidas.