Crónica de una cuestionada auditoría electoral en Perú
Una auditoría electoral seria, según los estándares internacionales, es una evaluación integral del sistema que procesa y garantiza los resultados de una elección para brindar confianza a la población. Según Ragi Burhum, eso implica:
- hacer una nueva prueba independiente de cada subsanación;
- publicar el código para permitir verificar que lo que corrió el día de la elección es exactamente lo auditado; y
- una auditoría estadística rigurosa de las actas físicas frente al cómputo digital.
Subsanar lo crítico reduce el riesgo, pero no basta. Las denuncias de uno u otro partido político se centran en casos puntuales sospechosos, pero no cuentan con la independencia que ofrece una auditoría internacional integral. La denuncia identifica anomalías visibles desde fuera; en cambio, la auditoría busca evidencias dentro del sistema mismo, con una metodología verificable. Sin acceso al código fuente, no se puede afirmar o negar que hubo una manipulación del sistema y de los datos.
En una auditoría seria, los expertos combinan varias herramientas [ver cuadro] para revisar el código, los datos, la seguridad y el comportamiento del sistema. Los estándares internacionales de auditoría en elecciones son desarrollados por organismos como la Unión Europea o el Consejo de Europa, y buscan garantizar que los sistemas tecnológicos usados en los procesos electorales sean seguros, transparentes, verificables e independientes.
Estos estándares establecen que toda la infraestructura digital (registro electoral, software de votación, transmisión y conteo de resultados) debe ser sometida a evaluaciones técnicas, pruebas de seguridad, certificaciones por terceros y auditorías continuas antes, durante y después de la elección. Además, exigen integridad de los datos, protección contra ciberataques, trazabilidad mediante registros auditables, gestión de riesgos y capacidad de verificación independiente para asegurar la confianza pública y la legitimidad de los resultados.
Tanto Erick Iriarte como Enzo Elguera, consultor y analista político, remarcaron ante la opinión pública que una auditoría integral internacional era saludable para dar confianza a la población, pero ejecutarla no iba a ser algo tan rápido en términos operativos, sobre todo por los plazos y procesos de contratación que se requerían para la segunda vuelta electoral, que se llevó a cabo el 7 de junio. Si se hubiera concretado la auditoría, la licitación y los resultados habrían estado listos después de esa fecha.
Ante ello, no es extraño que el JNE anunciara, el pasado 18 de mayo, que no habría otra auditoría, sino un comité académico de expertos que emitiría opiniones técnicas y recomendaciones de cara a la segunda vuelta. Este comité no operaría como veedor externo, sino como un órgano de acompañamiento técnico activo, emitiendo observaciones y recomendaciones de forma simultánea al desarrollo del proceso, con plena autonomía respecto al JNE.