Crónica de una cuestionada auditoría electoral en Perú
Dicen que todos son árbitros cuando acaba el partido de fútbol. Y sí, tras un evento irregular, todos opinan que si el río suena, es porque piedras trae. En la primera vuelta electoral peruana, celebrada el 12 de abril, fue evidente un doble problema: fallas logísticas visibles durante la jornada y la posterior disputa pública sobre su impacto real. Se trató de una jornada con deficiencias operativas serias, las cuales justificaron denuncias e investigaciones de la prensa por el retraso en la instalación de mesas y la tardía llegada de material electoral.
Independientemente de las afiliaciones políticas, para los peruanos fue evidente que existieron irregularidades, incluso en las herramientas tecnológicas empleadas. Entonces surgió un clamor popular: la realización de una auditoría internacional para determinar si hubo un fraude o solo una crisis de gestión. Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dijo, al principio, que solicitarían una auditoría internacional.
La Misión de Observación Electoral de la OEA atribuyó los retrasos en la instalación de mesas a fallas logísticas y aceptó que hubo problemas en la instalación de laptops e impresoras. Advirtió que estas demoras alimentaron la narrativa de fraude que inundó las redes sociales, aunque no habló de evidencias. La Fiscalía, por su parte, abrió una investigación y ordenó un peritaje informático integral sobre equipos, correos, registros y documentos operativos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para determinar si solo fue un desorden operativo o si se cometieron delitos.