Crónica de una cuestionada auditoría electoral en Perú
¿Hubo fraude informático? ¿Se trucaron los datos con accesos indebidos? La Fiscalía aún se encuentra en su fase de investigación. Un partido político (Renovación Popular) presentó denuncias técnicas con listas de actas, análisis grafotécnicos y cuestionamientos puntuales, pero no una auditoría independiente estructurada ni un informe técnico consolidado.
A fines de mayo, la Contraloría concluyó que las irregularidades en la contratación del transporte, la reprogramación de rutas y la distribución de equipos informáticos electorales afectaron el derecho al voto de 55,3 mil electores en Lima Metropolitana (capital del Perú), donde se usarían las laptops para registrar los resultados. También reportó riesgos durante la recogida del material electoral (repliegue). Sin embargo, un estudio de Stanford sostuvo que las aperturas tardías no cambiaban el orden de los candidatos que pasaron a segunda vuelta.
En informes previos a las elecciones, se habían advertido deficiencias que se pidieron corregir. Hasta el 20 de marzo, Contraloría había emitido 172 informes con más de 400 alertas que afectaban a 15 millones de ciudadanos. Entre ellos, se registraron 105 situaciones adversas para los sistemas informáticos en 36 informes de control. Además, en 2025 (Informe de Control N° 001-2025-OCI/3599-SVC), se advirtieron serias deficiencias en el almacén de la ONPE en Lurín: se guardaron 93 mil equipos en condiciones inadecuadas, con 77 mil en riesgo de deterioro, lo que al final ocurrió.
Según Contraloría, el sistema patrimonial no registraba de forma completa las transferencias de los equipos, afectando la trazabilidad, y 7.988 laptops estuvieron almacenadas por más de dos años. Incluso tenían laptops usadas en elecciones anteriores que no habían sido formateadas. Ante eso, no es de extrañar que en 12 centros de procesamiento hubiera equipos informáticos sin la instalación del software y/o sin licenciamiento; en ocho se habían instalado grupos electrógenos sin la debida protección contra la intemperie y en tres se pudo verificar la instalación incompleta del centro de cómputo.
Lo más preocupante de estas alertas estuvo en las USB requeridas para acceder al sistema y activarlo. El problema no fue solo que hubo varias que no se entregaron (en inspecciones del 22 de abril se hallaron USB guardadas en almacén) y otras que se perdieron en la calle, sino que era posible clonarlas, lo que permitía ingresar y operar en el sistema como si se tratara de un usuario autorizado. Esa inseguridad fue advertida un mes antes de las elecciones y todo indica que no se corrigió.