Aciertos y desafíos en la política peruana de datos abiertos

Desde que se declaró la pandemia, el Ministerio de Salud del Perú emite un pequeño cuadro con cifras claves: número de fallecidos por covid-19, infectados, hospitalizados y altas. Este reporte es difundido por redes sociales y replicado en medios de comunicación tradicionales (radio, TV, etc.). En Twitter, cada post tiene decenas de respuestas con cifras más detalladas, gráficos de tendencias y un sinfín de resúmenes a colores, “para dummies”. ¿Cómo es esto posible? Porque una norma (D.S. Nº 016-2017-PCM) dispone tener todos los datos en un portal abierto, consolidado en datosabiertos.gob.pe, el cual es accesible para quien desee revisarlos y/o exportarlos.

En el Perú, parafraseando al periodista Ricardo Uceda, la ley permite mirar debajo de la alfombra. Gracias a ello, el país obtuvo el primer lugar –junto a otros 11 países, entre ellos España y Suiza– en el ranking de adopción de datos abiertos del último Índice Mundial de Desarrollo de Gobierno Digital de las Naciones Unidas (ONU). No solo es el mejor del continente, sino que supera a Estados Unidos y Canadá. De hecho, en el indicador global de digitalización, el país escaló 12 posiciones para llegar al puesto 59, superando a México y Colombia. En el Índice de Madurez GovTech (GTMI) del Banco Mundial, avanzó 29 posiciones y llegó al N°14.

Los datos abiertos son parte de los compromisos ligados a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la educación, empleo, medio ambiente, salud, justicia y protección social. El concepto como tal (Open Data) no es nuevo; hay ejemplos de uso en Estados Unidos y Europa desde fines de los años sesenta, pero en Perú recién en 2017 se estableció la Estrategia Nacional de Datos Abiertos, explica el científico Ragi Burhum, CEO de AmigoColud y uno de los fundadores de la página OpenCovid.    

El Perú se involucra en la Alianza para el Gobierno Abierto y empieza a trabajar con la “Política Nacional de Gobierno Electrónico” desde el 2013 (DS Nº 081-2013-PCM), pero la estrategia tomó cuatro años más en ser diseñada, añade Antonio Ríos, ingeniero de datos que apoya el proyecto covidvizpe.com y empezó a usar los datos de la atención asistencial en el sector salud desde ese entonces.

A nivel de transformación digital el país no está tan avanzado, sobre todo por una disparidad en la implementación de lo dispuesto por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) con lo que han desplegado los gobiernos municipales, que son los más atrasados. Según sus reportes semestrales, hay 642 entidades públicas que han migrado a la plataforma digital única del Estado, con los ministerios a la cabeza con 100 % de migración, mientras los gobiernos regionales solo van a un 60 % (15 de 25 entidades) y las municipalidades provinciales en un 33 % (65 de 196 entidades). Además, mientras los ministerios han logrado en un 95 % la implementación de una mesa de partes digital y el despliegue de un modelo de gestión documental, a nivel de los gobiernos regionales el modelo de gestión documental está a un 85 % y la implementación de la mesa de partes digital cae a 21 % a nivel municipal.

En la adopción de la ley de transparencia (datos accesibles para el ciudadano que lo solicita) también existe un avance disparejo. Solo un 27,7 % de entidades estatales cumplen con remitir información sobre la atención de pedidos de información a la autoridad respectiva. Las municipalidades provinciales y distritales (58,7 % y 18,8 %, respectivamente) son las que más incumplen con la ley, mientras que el Poder Ejecutivo es el más cumplidor (98 %).